Un recorrido histórico.
La privatización de la guerra no es un fenómeno novedoso. Desde los mismos inicios de los conflictos bélicos existieron mercenarios, es decir soldados profesionales que combatían por dinero, no por fidelidad a una bandera o a un rey. Más tarde aparecieron los corsarios, barcos tripulados por civiles dedicados al abordaje de los buques enemigos de su señor, actividad que resulta complicado desdindar de la piratería; algo parecido podemos afirmar de las compañías comerciales que, en la época moderna, sustituían al Estado en el control y la explotación de los territorios coloniales. En suma, el proceso de sustitución de las entidades estatales por elementos privados en el ejercicio de la guerra es antiguo. Vistas así, estas actividades respondían a una incapacidad o desinhibición del Estado en el cumplimiento de sus funciones.

Este fenómeno tendió a disminuir a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando la idea de Estado –de la mano del absolutismo– se convierte en el centro del ejercicio diplomático y del ejercicio de la guerra; es el Estado el que asume estas funciones que se convierten en aspectos intrínsecos de su poder. La nacionalización de la guerra no significó el abandono de los soldados profesionales, estos continuaron formando parte de los ejércitos europeos, pero poco a poco fueron arrinconados por los soldados conscriptos.
A partir del siglo XIX, sobre todo después de las guerras napoleónicas, surge lo que se puede denominar el ejército nacional, basado en la recluta de ciudadanos del país, a los que se les proporcionaba una mínima formación militar para defender a la «patria»: aparece la figura del ciudadano en armas. Las guerras entre reyes fueron sustituidas por guerras entre pueblos. No obstante, este hecho tampoco hizo desparecer totalmente a los mercenarios, que pasaron a convertirse en tropas especializadas, siempre dentro de la organización del ejército. Este modelo de ejército nacional constituido por ciudadanos continuará vigente hasta prácticamente la actualidad.

Tras la Guerra Fría, las grandes potencias y las metrópolis coloniales reemprenden la utilización de mercenarios para determinadas estrategias. Una de ellas son las guerras coloniales; otra el intervencionismo en los nuevos países descolonizados. Se trataba de acciones que contaban con «mala prensa» en las metrópolis, que estaban mal vistas por una opinión pública cada vez más anticolonialista. En ese marco resultaba muy difícil justificar el empleo de los ejércitos nacionales para intervenir en ese tipo de conflictos. Pero sí se podían utilizar a los mercenarios.
En este mismo período, aparecieron en la escena internacional nuevos agentes que rompieron el monopolio de la violencia hasta entonces atribuido en exclusividad a los Estados. Nos referimos a los ejércitos privados de los «señores de la guerra», a las guerrillas, a los grupos terroristas y a las organizaciones criminales que disponen también de sus contingentes armados. Pero la principal novedad la constituyeron las Compañías Militares Privadas.
Las Compañías Militares Privadas.
Existe una cierta diferenciación entre el clásico mercenario y los miembros de estas Compañías Militares. El primero es contratado, de forma temporal, para participar en unas actividades bélicas y no se integra en ninguna estructura militar de forma duradera; busca solamente su beneficio individual. Las Compañías Militares, por el contrario, son estructuras permanentes que persiguen un beneficio empresarial y que pueden desarrollar diversos tipos de actividades y no solamente las relacionadas con el combate directo.
El recurso a este tipo de empresas se extiende desde los años noventa en los ejércitos occidentales, especialmente en Estados Unidos. Son varias las razones de este crecimiento: la búsqueda de reducción de costes económicos, la reducción de efectivos militares regulares que acompañó la finalización de la Guerra Fría y la proliferación de conflictos locales –de origen étnico, religioso o nacionalista–. Todo ello acrecentó la demanda de seguridad ad hoc, que las pesadas y caras maquinarias bélicas estatales no podían atender de forma eficiente. La aparición de estas Compañías Militares Privadas fue la respuesta a esa demanda.
Las funciones que realizan estas compañías son muy variadas: vigilancia de instalaciones, escolta de convoyes o personalidades, apoyo logístico, labores de inteligencia y, por supuesto, acciones de combate. Por otra parte, las ventajas de este tipo de empresas también son claras: acceso a personal especializado de forma inmediata, posibilidad de actuar en cualquier lugar fuera de los marcos legales que constriñen las actuaciones gubernamentales, manejo de equipamiento de alta tecnología,…

El número y las intervenciones de las compañías privadas ha ido creciendo, aunque resulta difícil establecer datos concretos. Las más importantes son las estadounidenses y las británicas. En el primer caso, su principal cliente es el mismo gobierno norteamericano, que las ha venido utilizando con asiduidad desde la primera guerra iraquí; en el segundo, se vinculan con las necesidades de los gobiernos del antiguo imperio británico, que es donde tienen su principal campo de actuación.
Este proceso de privatización de una actividad hasta ahora estaba indisolublemente unida al Estado –la guerra– se debe contextualizar en el marco de la globalización y del correspondiente proceso de privatización de lo público que está acompañando la mundialización económica. Otra razón que favorece su crecimiento es la indefinición existente respecto a las responsabilidades legales de estas empresas o la falta de control por parte del mismo Estado que las contrata.
La eclosión de las CMP.
Las causas de la eclosión de las Compañías Militares Privadas se explican por las circunstancias históricas que aparecen tras la guerra fría. La finalización de este enfrentamiento permitió la afloración de conflictos que, hasta entonces, estaban escondidos bajo el paraguas bipolar. Se produjo así la aparición de numerosos enfrentamientos, no entre Estados, sino en el interior de los mismos. Baste algunos ejemplos para confirmarlo: las guerras de la antigua Yugoslavia, los conflictos del Cáucaso, la guerra de Somalia, Sierra Leona, Sudán, …

Al mismo tiempo, el surgimiento de Estados fallidos, incapaces de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, acrecentó la demanda de servicios de seguridad que las antiguas metrópolis –Gran Bretaña, Francia,…– no podían o no querían realizar. En efecto, los Estados occidentales son muy remisos a la hora de inmiscuirse en conflictos locales, sobre todo si sus intereses estratégicos no están en peligro. Y tampoco están dispuestos a aceptar un potencial número de bajas que alarme a su opinión pública; por ello se ha impuesto la doctrina de «cero muertos» que siguen los ejércitos occidentales actualmente.
El fracaso de las instituciones internacionales en la pacificación o supresión de estos conflictos es otra de las causas de que haya aumentado la demanda mundial de estos servicios. Las dificultades de la ONU para convertirse en un instrumento eficaz de intermediación –entre otras razones por los intereses cruzados de las grandes potencias– impulsa a los contendientes a buscar una ayuda militar que vuelque a su favor el conflicto.

El papel de este tipo de empresas comenzó a adquirir una mayor presencia a partir de la primera guerra de Irak. Los Estados Unidos dedicaron miles de millones de dólares a la reconstrucción de este país y un porcentaje elevado de esa cantidad –unos 4.000 millones según Laborie– fueron a parar a estas empresas, que también multiplicaron su presencia en el país árabe –181 empresas según el mismo autor–. En este país existen cálculos que hablan de la presencia de hasta 160.000 personas dependientes de los contratistas militares, muchos de ellos armados. El escenario iraquí es el mejor ejemplo de vinculación entre el sector público y el privado en un caso de conflicto bélico.
Las guerras yugoslavas, especialmente en Bosnia, también fueron escenario de una importante presencia de estas empresas. Actualmente tienen una amplia implantación en algunos conflictos africanos, en Afganistán y en Siria.

Como el autor antes citado ha puesto de manifiesto, se trata de un fenómeno fundamentalmente anglosajón, aunque también existen empresas importantes en Francia, Israel y Sudáfrica. Predominan claramente las empresas norteamericanas e inglesas, aunque el reclutamiento de sus miembros tiene una escala global. Las principales empresas son:
- MPRI (Military Professional Resources IncorporatedI). Empresa estadounidense fundada en 1987. Presta servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos, especialmente en la instrucción de fuerzas.
- KBR (Kellogs, Brown & Roots). Es la división especializada de Halliburton. También norteamericana. Fue la principal contratista en Irak. Dedicada a la logística y a la construcción de infraestructuras
- Blackwater. Actualmente Academi. Norteamericana, fundada en 1997. Muy dependiente del gobierno norteamericano, tanto del Departamento de Defensa como de la CIA. En 2007 se vio envuelta en un extraño suceso en Irak en el que murieron 17 civiles
- ArmorGroup International. Empresa británica. Especializada en la protección de instalaciones o apoyo de fuerzas. También ha trabajado para la ONU en tareas de desminado.
Estas empresas fueron desarrollando complejas estructuras orgánicas y creando importantes instalaciones, campos de entrenamiento, flotillas de buque y embarcaciones, medios aéreos, distintos tipos de sistemas de armas y sofisticado equipamiento para la realización de tareas relacionadas con la seguridad y la guerra.
La situación actual.
Si bien el tema de los mercenarios ha sido abordado y prohibido por la ONU –Resolución 54/151 de 1999 y resolución 2005/2 de 2005–, la cuestión de las CMP permanece aún en las sombras de la legislación internacional. La falta de transparencia y las distorsiones de las normas legales son especialmente graves cuando se produce la colaboración de estas empresas con el sector público.
El Grupo de Trabajo que la ONU creó al respecto, dirigido por el experto español José Gómez del Prado, indicó en 2007 que les corresponde a los Estados resguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y el orden público, y que, si lo hacen por medio de empresas privadas, la responsabilidad que les compete se mantiene intacta frente a las víctimas de los actos cometidos y al derecho internacional. También advirtió que la subcontratación de servicios militares a compañías privadas podría conducir a la privatización de las guerras.
La proliferación de estas empresas también ha tenido mucho que ver con la estrategia norteamericana contra el terrorismo internacional, basado en ataques preventivos a los países que promueven o protegen las acciones terroristas. Para poder abarcar todos los frentes se hacen necesarias las CMP; esta empresas están adquiriendo una importancia creciente en la seguridad nacional estadounidense.
Los gobiernos deberían tener en cuenta que la pérdida del monopolio estatal del empleo legal y legítimo de la fuerza para asegurar la paz y el orden en el interior del territorio nacional, conlleva también un acrecentamiento de su debilidad y una disminución de su capacidad de acción al depender de intereses que pueden ser contrapuestos a los del mismo Estado.

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